En el año 2010, la Comisión
Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) informaron que en México existían cerca de 30.5
millones de niños y niñas menores de 15 años, de los cuales 51% eran
hombres y 49% eran mujeres.
En ese mismo año la Organización Mundial de la
Salud (OMS) indicó que el 20% de las mujeres y del 5% al 10% de los hombres a
nivel mundial, manifestaron haber padecido abuso sexual.
Al hacer un análisis de estos datos estadísticos,
se estaría suponiendo que cerca de 4.5 millones de niños y niñas en México
estarían siendo objeto de abusos sexuales. La realidad
es que el Sistema
Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), solo en el 2010, se recibieron 18,012 denuncias de maltrato infantil, de las cuales
alrededor del 5% únicamente corresponderían a denuncias referentes al abuso
sexual infantil, lo que significaría cerca de 900 denuncias al año.
Se
ha manifestado la intención de que México cuente con una normatividad que le
permita combatir a escala internacional estos flagelos que se han incrementado
durante la última década.
La
explotación sexual y el abuso sexual infantil pueden considerarse la violación
más severa a los derechos de los niños, debido a las consecuencias en su salud
física, desarrollo psicológico y bienestar psicosocial en el corto y largo
plazos.
De
acuerdo con cifras internacionales "se calcula que 150 millones de niños y
73 millones de niños menores de 18 años, han experimentado relaciones sexuales
forzadas u otras formas de violencia sexual”.
Sobre
este tipo de abusos la Organización Mundial del Trabajo reveló que en el año
2000, 1.8 millones de menores fueron explotados sexualmente en los sectores de
la prostitución y la pornografía.
Vale tomar en cuenta que actualmente en México no
se conoce con exactitud la prevalencia de niños y niñas abusados sexualmente
debido a 3 factores:
1.- No existe una tipificación exacta del abuso
sexual y en muchas ocasiones al haber poca evidencia física es complicado
comprobarla.
2.- Hay gran carencia de información estadística
debido a la falta de una denuncia eficaz que muestre las tendencias, la
modalidad y la dimensión de esta problemática en específico.
3.- Los padres, familiares o cuidadores se siente
imposibilitados a denunciar por vergüenza, culpa o temor a sufrir más
humillaciones por parte de las autoridades o por las posibles represalias del
agresor.
Incluso antes de
enfrentarse a dichos obstáculos, el abuso puede no salir a la luz debido a factores
culturales o educacionales, ya que la comunicación deficiente en el seno
familiar y el miedo, entre otros factores, suelen incidir para que el menor no
hable sobre lo ocurrido.
Es imperativo, más
allá de modificar la legislación y su aplicación, fomentar no sólo la
prevención, sino la intervención desde su nivel más básico que implica la
comunicación del hecho por parte del menor y para lo cual, la única respuesta
es la educación en el seno familiar.

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